El 23 de abril de 2024, ODDA y BALDEA convocaron una reunión estatal en torno a la recién promulgada Ley 7/2023, presidida por el Sr. José Ramón Becerra, Director General de Derechos de los Animales. Esta sesión virtual tuvo como propósito principal evaluar los avances y enfrentar los desafíos surgidos desde la implementación de esta crucial legislación para la protección animal en las islas Baleares.
La sesión se inauguró con una revisión del estado actual de la ley, donde el Sr. Becerra destacó los esfuerzos continuos por desarrollar un marco reglamentario comprensivo que abordara aspectos pendientes como la gestión de colonias felinas y las políticas de reubicación de gatos comunitarios. Afirmó que los protocolos y regulaciones adicionales se esperan publicar antes del verano, señalando que el trabajo de una directriz técnica para los ayuntamientos estaba en proceso, para aclarar dudas y proporcionar un camino claro a seguir.
Uno de los puntos más discutidos fue la colaboración entre las autoridades y las asociaciones de protección animal. Los representantes de ODDA y Baldea expresaron su preocupación por no ser consultados habitualmente en el desarrollo de las directrices. Respondiendo a esto, el Sr. Becerra aseguró que los borradores se expondrían públicamente para recibir aportaciones, buscando fomentar una mayor participación y transparencia en el proceso.
El encuentro también trató sobre los desafíos financieros y logísticos que enfrentan los ayuntamientos para cumplir con la ley. El director general mencionó que se están organizando sesiones de formación y se están creando líneas de ayuda para los ayuntamientos, especialmente para los más pequeños, con el fin de facilitar su adaptación a la nueva normativa.
Por otro lado, las entidades protectoras, como BALDEA y ODDA, plantearon cuestiones urgentes relacionadas con la implementación de la ley en el terreno, tales como la gestión de animales en zonas privadas y la preocupante tendencia de algunos municipios a interpretar la ley de manera que les permita eludir responsabilidades. Esta situación ha llevado a discusiones sobre la necesidad de establecer directrices claras y efectivas que eviten interpretaciones que puedan perjudicar el bienestar animal.
El encuentro concluyó con un compromiso renovado de seguir trabajando juntos para superar los obstáculos en la aplicación de la ley y mejorar la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Quedó claro que, aunque la ley representa un avance significativo para la protección animal en España, su éxito depende crucialmente de la implementación efectiva y la cooperación entre todas las partes involucradas.